Una muestra más del acoso a los periodistas por parte del régimen de Teherán, cada vez más paranoico, aislado y dictatorial. Esperemos que nuestro gobierno no se cruce de brazos y tome cartas en el asunto; ya bastante ensordecedor fue su silencio durante las últimas elecciones en Irán.

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Las autoridades iraníes han cancelado hoy el permiso de residencia de la corresponsal de EL PAÍS en Teherán, Ángeles Espinosa, y le dieron dos semanas para que abandone la República Islámica. La medida constituye una prueba más del nerviosismo del régimen ante cualquier crítica. Espinosa, que estaba acreditada en Irán desde hace cinco años, fue detenida en Qom el pasado julio cuando salía de entrevistar a Ahmad Montazerí , el hijo del gran ayatolá disidente fallecido el año pasado, y desde entonces se le retiró la tarjeta de periodista.

“Los periodistas no tenemos libertad para salir fuera de Teherán. Hay que solicitar permiso y nunca lo hubiera obtenido para hacer esa entrevista”, admite Espinosa. No obstante, tras una severa amonestación, los responsables de la Oficina de Prensa Extranjera le dieron a entender que recuperaría su tarjeta cuando regresara de vacaciones.

De vuelta en Teherán, la corresponsal trató de recobrar la acreditación, pero en lugar de eso, se vio privada de su pasaporte durante tres semanas. Todos los extranjeros residentes en Irán necesitan un visado de salida para abandonar el país y Espinosa no lograba que le estamparan ese sello, lo que la mantuvo en un limbo jurídico preocupante. Hasta que hoy le han entregado finalmente el pasaporte con el permiso de residencia cancelado y un tampón que le da hasta el 24 de octubre para salir de Irán.

“Nadie me ha dado ninguna explicación. Desde que volví de vacaciones, el director general de Prensa Extranjera se ha negado a verme y el nuevo responsable de la oficina me dio a entender que no podía ayudarme, que las órdenes venían de otro lado”, explica Espinosa. “A través de terceros me han hecho saber que la entrevista a Montazerí, en la que este criticaba al líder supremo, ha sido la gota que ha desbordado el vaso, pero que ya estaban muy molestos con mi trabajo desde las últimas elecciones y con la campaña de EL PAÍS en defensa de Sakineh Ashtianí”.

La condena a morir lapidada impuesta a esa iraní ha movilizado a la comunidad internacional. Irán, uno de los pocos países del mundo que aún mantiene la lapidación en su código penal, ha tratado sin éxito de neutralizar ese nuevo golpe a su ya maltrecha imagen.

“El nivel de tolerancia de la crítica se ha reducido considerablemente desde la llegada a la presidencia de Mahmud Ahmadineyad”, asegura Espinosa. El año pasado, a raíz de las protestas con que los iraníes recibieron su controvertida reelección, Irán también expulsó al corresponsal de la BBC y apremió la salida de los enviados especiales que habían acudido a cubrir los comicios. Desde entonces, ha dado visados con cuentagotas y, lo que es más grave, ha aumentado exponencialmente la censura interna.

No queda un solo periódico reformista en los quioscos y al menos medio centenar de periodistas iraníes se encuentran encarcelados, lo que según Reporteros Sin Fronteras, convierte a Irán en la mayor cárcel del mundo para los informadores. Aunque inicialmente muchos periodistas independientes se refugiaron en los blogs, el régimen también ha aumentado el control de internet y encarcelado a numerosos blogueros. Hace unos días, el conocido como padre de los blogs, Hosein Derakhshan, fue condenado a 19 años y seis meses de cárcel. A otra conocida bloguera, Hengame Shahidi, le ha sido denegada la atención médica que necesita en prisión.

La FAPE condena la expulsión de Ángeles Espinosa de Irán

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha emitido esta noche un comunicado en el que expresa “su más enérgica condena” contra la decisión del Gobierno de Irán de cancelar el permiso de residencia y la tarjeta de periodista a la corresponsal del diario El País en Teherán, Ángeles Espinosa y pide su restitución.

“Esta Federación entiende la medida como un castigo directo al trabajo de la periodista española, cuyas coberturas cumplen a rajatabla los principios de objetividad, calidad y compromiso ético de esta profesión”, afirma.

Además de pedir al Gobierno de Mahmud Ahmadineyad de que le restituya los documentos que le permiten trabajar en el país a la corresponsal española, solicita al Gobierno español una manifestación pública de rechazo del grave atentando contra la libertad de prensa. “El asedio a los periodistas, locales y extranjeros, solo contribuye a empeorar la ya muy maltrecha imagen internacional del Gobierno de Irán”, declara la primera organización profesional de periodistas de España.

EL PAÍS